Ha transcurrido poco más de un año desde que los ecuatorianos decidieron, a través de una consulta popular, detener la explotación del bloque petrolero Yasuní-ITT, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. El 20 de agosto de 2023, bajo la administración del expresidente Guillermo Lasso, el 59% de los votantes optaron por la suspensión de las actividades extractivas en esta área protegida.
Sin embargo, el gobierno actual, liderado por Daniel Noboa, se enfrenta a un desafío significativo al intentar implementar esta decisión. Con el fin de evitar un impacto económico inmediato y devastador, el Ejecutivo ha presentado una propuesta ante la Corte Constitucional para llevar a cabo el cierre de manera gradual.
La principal preocupación del gobierno radica en la fragilidad de las finanzas públicas, que no podrían soportar una interrupción súbita de la explotación petrolera. Ecuador está inmerso en un período de recesión económica, y aunque se esperan más de 4 000 millones de dólares en préstamos durante el segundo semestre de 2024, un cierre inmediato del Yasuní-ITT significaría una pérdida de ingresos proyectada en 16 000 millones de dólares hasta el 2034, que es la vida útil estimada del campo.
El plan gradual propuesto podría reducir esa pérdida a aproximadamente 2 460 millones de dólares si el cierre completo se extiende hasta 2029. No obstante, esta propuesta ha generado un nuevo debate sobre el respeto a la decisión soberana del pueblo ecuatoriano, que votó pensando en la protección ambiental del Yasuní.
Además, la clausura del campo no se limitaría a detener la producción; se requerirá una reparación ambiental, que según expertos, podría tomar alrededor de 11 años para completarse. La Corte Constitucional ahora tiene en sus manos la decisión final, en lo que se ha convertido en otro tema controvertido dentro del panorama político y social de Ecuador.
