La minería ilegal sigue causando estragos en la provincia de Napo, generando un conflicto que ha fracturado a la comunidad de Río Blanco. En esta región, la explotación minera se ha extendido de manera descontrolada, involucrando desde familias locales que operan concesiones sin los permisos adecuados hasta autoridades municipales y una empresa dedicada a la construcción de carreteras, que ha encontrado en la minería una fuente de ingresos adicional.
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en enero de 2023 la expansión de la actividad minera en el sector de Huambuno creció un 86% en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero de 2022 y enero de 2023, se destruyeron 110 hectáreas de selva y tierras agrícolas, el doble de lo que se perdió en el conocido caso de Yutzupino.
Para muchos habitantes de la región, lo que ocurre en Huambuno es un verdadero ecocidio. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido mínima. No se han desplegado operativos significativos en la zona, y la presencia de ministros, policías y militares, que en su momento se hizo sentir, ha desaparecido. Los pocos que se atreven a denunciar la situación viven bajo constantes amenazas.
En 2022, la Agencia de Regulación Minera llevó a cabo 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país. De estos, apenas 20 se realizaron en Napo, a pesar del crecimiento desmedido de las actividades mineras en la provincia. Esta cifra refleja una disminución del 17% en los controles en comparación con 2019, cuando se realizaron 418 operativos a nivel nacional.
El avance imparable de la minería ilegal en Napo no solo está destruyendo el entorno natural, sino también la cohesión social, dejando a una comunidad dividida y desprotegida frente a las graves consecuencias de esta actividad ilícita.
