
Una planta eléctrica flotante, alquilada por el Gobierno de Ecuador a la firma turca Karpowership por $115 millones, aún no ha iniciado sus operaciones tras un mes de su llegada al país. El retraso se debe a la necesidad de reforzar los amarres para asegurar su funcionamiento en el río Guayas, donde se encuentra anclada.
Este buque, destinado a proveer electricidad al sistema energético nacional, ha enfrentado dificultades técnicas relacionadas con su fondeo en la zona. Para resolver esta situación, se ha decidido trasladar temporalmente la embarcación a un muelle privado que anteriormente pertenecía a la empresa Ecuagran. Desde allí, se realizarán pruebas operativas mientras se llevan a cabo los trabajos de ajuste en los amarres.
La empresa Ciport, especializada en ingeniería y construcción portuaria, ha sido contratada para reforzar el sistema de anclaje de la barcaza en la zona de Las Esclusas, ubicada en el sur de Guayaquil. Una vez completados estos trabajos, la planta eléctrica podrá conectarse a la subestación de Las Esclusas y entregar 100 megavatios de energía con una tensión de 138.000 voltios, contribuyendo así al suministro eléctrico del país.
La contratación de Karpowership se realizó a través de un proceso licitatorio en el que la compañía ofreció una solución de generación eléctrica flotante con capacidad de operación inmediata. Sin embargo, el sistema de amarre propuesto inicialmente ha demostrado ser inadecuado para las condiciones del río Guayas, lo que ha causado el retraso en su puesta en marcha.
El buque, con 179 metros de eslora y bandera liberiana, fue originalmente construido en 2001 como un navío de carga tipo ro-ro, pero fue reconvertido en una planta eléctrica flotante antes de su arribo a Ecuador. Esta barcaza es parte de los esfuerzos del Gobierno para garantizar alternativas de generación eléctrica, especialmente en momentos críticos cuando las principales centrales hidroeléctricas enfrentan problemas de suministro de agua.
La falta de lluvias en el país, tanto a finales de 2023 como en abril de 2024, reveló la vulnerabilidad del sector eléctrico ecuatoriano, que depende en gran medida de la generación hidroeléctrica y la importación de energía desde Colombia. Estos eventos desencadenaron apagones y racionamientos de hasta 13 horas en varias regiones, lo que obligó a las autoridades a buscar soluciones adicionales para evitar nuevas crisis energéticas.
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